Vivimos en tiempos desleales. Tanto en la política mundial como en la española encontramos esta deslealtad. Pero empecemos por el principio ¿qué es la lealtad? Según la Real Academia Española, es la cualidad de leal, vinculada a sinónimos como la fidelidad, la nobleza, la amistad o la honradez, frente a antónimos como la deslealtad, la traición, la ingratitud o la falsedad.
En nuestras relaciones personales solemos considerar la lealtad como un valor irrenunciable para sostener cualquier vínculo afectivo, familiar, de amistad o de algo más. Entonces ¿por qué toleramos e incluso normalizamos la falta de lealtad en la política?
Me refiero a la lealtad institucional. El principio conforme al cual las administraciones públicas y sus dirigentes se comprometen a respetar sus competencias, estudiar la totalidad de los intereses públicos, compartir información veraz y prestarse a la colaboración. Cuando en la ciencia política se estudian las relaciones intergubernamentales (RIGs), suelen distinguirse los siguientes tres modelos clásicos: el inclusivo (marcado por la jerarquía), el exclusivo (de esferas independientes) y el interdependiente (basado en la cooperación, el solapamiento competencial y la negociación continua)
España encaja claramente en el modelo interdependiente. Sin embargo, presenciamos una paradoja que considero destructiva, habitamos un Estado cuyo propio modelo exige la cooperación, pero cuya cultura política premia la deslealtad, destruyendo los cimientos de la misma cooperación.
Uno de los ejemplos ocurrió en la crisis social y económica provocada por la pandemia del COVID 19 que dejó un ejemplo de cómo el cálculo partidista puede comerse la lealtad institucional. Tras meses de negociaciones en Bruselas, España logro un paquete histórico de fondos comunitarios, muy importantes para reactivar el tejido productivo. Sin embargo, en lugar de cerrar filas en torno a un ingreso económico crucial para nuestro país, asistimos a una estrategia deliberada por parte del Partido Popular para desacreditar la gestión española ante las instituciones europeas. Se enviaron delegaciones a Bruselas con el objetivo de sembrar dudas sobre la transparencia, el control y la legalidad del reparto, llegando a esforzarse para entorpecer los desembolsos. Al final, el mensaje resultaba tan revelador como peligroso, es más importante desgastar al rival político que asegurar la llegada de miles de millones de euros destinados a la recuperación de la sociedad.
Este quebranto de la lealtad va más allá de las fronteras españolas y desgasta la propia gobernanza comunitaria. En la Unión Europea, el pilar de la convivencia entre los Estados miembros está en el artículo 4.3 del TUE, que impone el principio de cooperación leal. Sin embargo, este principio se invoca a conveniencia pero se olvida ante la primera oportunidad de obtener un rédito egoísta. El caso más reciente se ha vivido en la gestión migratoria del Mediterráneo y la frontera sur. Cuando Italia sufrió situaciones críticas de saturación humanitaria y migratoria en lugares como Lampedusa, el gobierno italiano exigió, lo normal, solidaridad europea inmediata y una corresponsabilidad. España acudió, de inmediato, defendiendo mecanismos compartidos de reubicación y auxilio mutuo. En cambio, ante episodios de enorme presión y crisis migratoria en la frontera sur española, la respuesta de Roma ha estado distando mucho de la cooperación leal, se recurrió al reproche político, al distanciamiento e incluso a medidas de conflicto para eludir responsabilidades compartidas.
En conclusión, la lealtad institucional no es una exigencia ingenua ni una llamada a la uniformidad, es la regla básica de funcionamiento de nuestro sistema interdependiente. Igual que no puede sobrevivir una relación personal en la que una de las partes destruye la cooperación para obtener notoriedad, un Estado descentralizado o una unión supranacional no pueden subsistir si sus gobernantes actúan como adversarios existenciales en lugar de como socios constitucionales. Mientras la ciudadanía y los votantes sigan aplaudiendo la astucia del desleal en lugar de castigarla, seguiremos teniendo un modelo interdependiente sobre el papel, pero disfuncional e ingobernable en la realidad.
