Para entender qué es Núcleo Nacional y por qué su existencia ha generado tanta preocupación, hay que remontarse a las protestas que se produjeron en España a finales de 2023. En aquel momento, la negociación de la ley de amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes provocó una fuerte reacción de la derecha y la extrema derecha. Durante varias semanas se celebraron concentraciones frente a la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, donde coincidieron manifestantes de distintas corrientes políticas, incluidos grupos de ideología fascista y neonazi.

Fue en ese contexto donde comenzó a tomar forma el movimiento que acabaría conociéndose como Núcleo Nacional. Sus antecedentes se encuentran en el entorno de las protestas de noviembre de 2023, cuando empezó a utilizarse la denominación Noviembre Nacional. Durante los meses posteriores, el grupo fue adquiriendo una identidad propia, organizándose a través de las redes sociales y reuniendo a personas procedentes de diferentes ambientes de la extrema derecha española. Su presentación pública tuvo lugar en abril de 2024, y en agosto de ese mismo año consiguió inscribirse como asociación en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. La inscripción administrativa, sin embargo, no supone una validación de su ideología ni garantiza que todas sus actividades sean legales.

Lo importante para comprender su nacimiento es que Núcleo Nacional no surgió de la nada. Su aparición se produjo en un momento de fragmentación de la extrema derecha, en el que diferentes organizaciones y grupos radicales buscaban nuevas formas de coordinación. Entre sus integrantes y su entorno se han señalado vínculos con espacios como Bastión Frontal, Ultras Sur y otros círculos ultraderechistas. Algunos de estos grupos habían perdido fuerza, se habían disuelto o atravesaban dificultades para mantener su actividad. Núcleo Nacional encontró una oportunidad para reunir a parte de esos ambientes bajo una marca nueva, con una estética reconocible y una presencia importante en internet.

Esta evolución también responde a una transformación en la manera de hacer política de determinados movimientos radicales. Ya no se trata únicamente de organizar manifestaciones o repartir propaganda en la calle. Las redes sociales permiten construir una identidad colectiva, difundir mensajes de manera constante y atraer a personas que quizá nunca se habrían acercado a una organización política tradicional. Los vídeos breves, la ropa identificativa, las imágenes cuidadosamente preparadas y los mensajes provocadores forman parte de una estrategia que busca llamar la atención, generar sentimiento de pertenencia y convertir la notoriedad digital en capacidad de movilización.

En el caso de Núcleo Nacional, su estética y su discurso no pueden separarse de su ideología. Diversos medios de comunicación han descrito al movimiento como neonazi y han documentado su proximidad a ideas fascistas, falangistas y nacionalsocialistas. La organización promueve un nacionalismo español radical, la defensa de una concepción tradicional de la familia y la natalidad, y planteamientos centrados en la identidad racial y cultural. Sus representantes también han expresado posiciones racistas, mientras que sus mensajes públicos han señalado a la inmigración como una amenaza para el país.

Aquí conviene detenerse en una cuestión fundamental: defender la cultura de un país, debatir sobre sus fronteras o discrepar acerca de las políticas migratorias forma parte del debate democrático. Lo que cambia radicalmente las cosas es convertir el origen étnico, la religión o la identidad de una persona en motivo para negarle derechos, presentarla como un enemigo colectivo o justificar su exclusión. Una cosa es discutir sobre cómo gestionar la inmigración y otra muy distinta es construir un proyecto político sobre la idea de que existen personas que, por su origen, valen menos o no deberían formar parte de la sociedad.

Precisamente, uno de los aspectos más preocupantes de Núcleo Nacional es la manera en que presenta a determinados colectivos como amenazas para España. En sus mensajes y convocatorias se han difundido consignas contra las personas migrantes y se han utilizado expresiones como «remigración», acompañadas en algunos actos de mensajes explícitamente racistas. También se han documentado proclamas de carácter fascista y actuaciones que han suscitado preocupación por su posible dimensión intimidatoria. Estos elementos no son irrelevantes: contribuyen a normalizar una visión de la sociedad en la que una parte de la población es presentada como enemiga por su procedencia o identidad.

La preocupación no se limita al contenido de sus publicaciones. En abril de 2025, la Guardia Civil inició una investigación relacionada con vídeos difundidos por la organización que llamaban a la «defensa activa» de las calles y a una lucha contra lo que describían como una «invasión» extranjera. La información publicada entonces señaló que las actuaciones se trasladaron al ámbito judicial por posibles delitos de odio. Además, especialistas consultados por medios de comunicación advirtieron sobre los riesgos asociados a la radicalización y a la posible legitimación de la violencia. Es importante precisar que una investigación no equivale a una condena, pero sí demuestra por qué resulta necesario examinar los hechos con seriedad y no limitarse a considerar estas actividades como una simple provocación política.

También merece atención la relación del movimiento con la democracia. Una organización puede criticar al Gobierno, rechazar la Constitución o defender cambios profundos en el sistema político sin que eso implique automáticamente su ilegalidad. La libertad de expresión y la libertad de asociación protegen incluso ideas profundamente impopulares. Sin embargo, la cuestión cambia cuando una organización utiliza esas libertades para promover delitos, incitar al odio contra colectivos protegidos o impulsar la violencia como instrumento político. La democracia no exige que todas las ideas nos parezcan aceptables, pero sí obliga a distinguir entre el pluralismo y las actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de otras personas.

Es precisamente por esa razón por la que debería examinarse con rigor la posible ilegalización de Núcleo Nacional. No porque sus ideas sean desagradables, porque sus integrantes sean políticamente radicales o porque exista una discrepancia ideológica con ellos, sino porque hay indicios y antecedentes públicos que justifican investigar si su actividad traspasa los límites establecidos por la legislación española.

El Código Penal contempla, en su artículo 515, la posibilidad de considerar ilícitas determinadas asociaciones, entre ellas aquellas que fomenten, promuevan o inciten al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos como su origen nacional, etnia, religión, sexo u orientación sexual. El artículo 510, por su parte, recoge diferentes conductas relacionadas con la incitación al odio y la discriminación. La aplicación de estas disposiciones requiere analizar los hechos concretos, su contexto y los elementos exigidos por la ley; no basta con poner una etiqueta ideológica a una organización.

Por tanto, una eventual ilegalización debería apoyarse en pruebas verificables, en las investigaciones correspondientes y en una resolución adoptada por las autoridades competentes. No sería razonable defender que el Estado puede prohibir cualquier asociación simplemente porque sus planteamientos nos parezcan peligrosos. Eso abriría la puerta a abusos y podría terminar perjudicando las mismas libertades que se pretende proteger. Pero tampoco sería aceptable utilizar la libertad de asociación como una excusa para permitir que una organización promueva impunemente la persecución de colectivos o la violencia contra quienes considera diferentes.

Hay, además, una cuestión social que no debería pasar desapercibida. El racismo político no afecta únicamente a las personas que son objeto directo de sus mensajes. También deteriora la convivencia, alimenta la desconfianza entre comunidades y desvía la atención de los problemas reales que afectan a la población. Cuando una organización presenta a los inmigrantes como responsables de todos los males del país, simplifica problemas complejos y ofrece un culpable fácil en lugar de respuestas fundamentadas.

La vivienda, los salarios, el acceso a la sanidad, la precariedad laboral y las dificultades de los jóvenes para construir un proyecto de vida son cuestiones que requieren decisiones políticas concretas. Reducirlas a una supuesta lucha entre españoles y extranjeros no explica sus causas ni resuelve sus consecuencias. Además, enfrenta a personas que pueden compartir problemas materiales, aunque tengan orígenes distintos. Una sociedad que permite que el debate público se convierta en una competición por decidir quién merece menos derechos termina debilitando la solidaridad y la igualdad ante la ley.

Esto no significa que todas las personas que se acercan a estos movimientos compartan necesariamente el mismo grado de radicalización ni que cada simpatizante haya cometido un delito. Para comprender el fenómeno hay que distinguir entre dirigentes, militantes, seguidores y personas que simplemente consumen sus contenidos en internet. Precisamente por eso es importante investigar las responsabilidades individuales y organizativas con rigor, en lugar de hacer acusaciones indiscriminadas. La crítica política resulta más sólida cuando se apoya en hechos concretos y evita las generalizaciones.

Por otra parte, la respuesta frente a estas organizaciones no puede limitarse a los tribunales. La educación histórica, la alfabetización mediática y la capacidad de contrastar información son fundamentales para evitar que los discursos extremistas ganen terreno. Conocer lo que supusieron el nazismo y el fascismo, entender cómo se construyen los prejuicios y aprender a identificar la deshumanización de determinados colectivos ayuda a reconocer los peligros antes de que se normalicen. Una democracia no se defiende únicamente mediante prohibiciones, sino también mediante una ciudadanía capaz de identificar y cuestionar los discursos que amenazan la igualdad y la convivencia.

En definitiva, la historia de Núcleo Nacional muestra cómo un movimiento surgido en el entorno de las protestas políticas de 2023 fue construyendo una organización propia, con una identidad neonazi señalada por distintos medios, una estrategia de captación digital y una actividad pública que ha generado preocupación por sus mensajes racistas y sus posibles conexiones con la violencia. Su evolución merece una atención especial, tanto por la ideología que promueve como por las consecuencias que determinados discursos pueden tener sobre las personas a las que señalan.

La cuestión de su ilegalización debe abordarse desde una posición firme, pero también jurídicamente responsable. Si las investigaciones acreditan que la organización incurre en conductas que la legislación española considera incompatibles con la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales, las autoridades deberían actuar y aplicar las medidas previstas por la ley, incluida su disolución cuando legalmente corresponda. Si no se acreditan los requisitos necesarios, una prohibición no debería imponerse únicamente por razones ideológicas.

Porque la verdadera fortaleza de una democracia no consiste en tolerarlo todo sin límites, ni en prohibir aquello que nos incomoda. Consiste en proteger las libertades de todos sin permitir que se utilicen para justificar la violencia, el racismo o la negación de la dignidad de otras personas. Y si una organización pretende construir su proyecto político señalando a determinados seres humanos como inferiores o como enemigos por su origen, su religión o su identidad, la sociedad tiene motivos más que suficientes para exigir explicaciones, reclamar una investigación rigurosa y defender que los derechos fundamentales no pueden quedar subordinados a ninguna ideología.