Ha pasado un año de aquella pregunta. Y quizá lo más preocupante es que la pregunta sigue teniendo sentido. Hace unas semanas se cumplió un año desde que AMAMA puso sobre la mesa el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Un año desde que empezaron a conocerse las historias de mujeres a las que el sistema que debía detectar su enfermedad a tiempo no había funcionado como debía.

Hace un año descubrimos que mujeres que habían acudido al programa de detección precoz del cáncer de mama habían recibido resultados que requerían seguimiento sin que fueran informadas adecuadamente. El problema no era una simple demora administrativa. Detrás de cada mamografía había una mujer, una familia y una posibilidad: la de detectar una enfermedad a tiempo. Y precisamente para eso existe un cribado.

La Junta de Andalucía ha hablado de planes de choque, millones de euros, contratación de profesionales y mejoras en el sistema. En octubre de este año, el Gobierno andaluz asegura que se han realizado más de 421.000 mamografías en 2025 y que se ha contratado el 90% de los profesionales de refuerzo prometidos. Pero hay una diferencia enorme entre presentar cifras y haber reparado el daño. Las mujeres de AMAMA siguen denunciando que el problema no está solucionado, hablan de retrasos que continúan, de falta de especialistas y de mujeres que siguen esperando pruebas. Y hay algo todavía más difícil de aceptar: más de 150 reclamaciones patrimoniales presentadas por afectadas seguirían sin respuesta por parte de la Junta de Andalucía, según la propia asociación. 

Pero si hay una parte de esta historia especialmente difícil de asumir es la judicial. Las quince denuncias presentadas por los fallos en los cribados han terminado archivadas. La Fiscalía investigó los hechos y concluyó que no había indicios suficientes para sostener responsabilidades penales contra los cargos denunciados; en el caso de las afectadas, las investigaciones se derivaron a las fiscalías provinciales. Jurídicamente, un archivo no significa que no haya existido un perjuicio ni que se haya demostrado que el sistema funcionó correctamente. Significa que no se han encontrado elementos suficientes para acreditar un delito. Pero resulta difícil no preguntarse qué más tiene que ocurrir para que estas mujeres obtengan una respuesta. AMAMA sostiene que algunas mujeres han fallecido tras diagnósticos tardíos, y reclama justicia, reparación y respuestas. Cuando quince denuncias terminan archivadas y las afectadas siguen reclamando saber qué ocurrió, la sensación de abandono resulta difícil de ignorar. 

Porque mientras las instituciones archivan expedientes y discuten sobre competencias, hay mujeres que han tenido que enfrentarse a operaciones, tratamientos y consecuencias que no se pueden solucionar con una rueda de prensa ni con una cifra de profesionales contratados. Y es entonces cuando aparece Anabel Cano.

En noviembre de 2025, Anabel, afectada directamente por los fallos del programa, terminó increpando a Juanma Moreno desde la tribuna de invitados del Parlamento: "Me habéis arruinado la vida. Estoy muerta en vida". Hay frases que ningún presidente debería poder escuchar y olvidar al salir del hemiciclo. Porque Anabel no estaba allí para hacer oposición, ni para ganar unas elecciones, ni para conseguir un titular. Estaba allí porque un sistema sanitario que debía protegerla falló y porque quería que alguien asumiera que detrás de las estadísticas había una persona. 

Y quizá esa sea la parte que más incomoda de todo este asunto: las víctimas se han convertido en una molestia para las instituciones que deberían estar escuchándolas. El Parlamento debería ser precisamente el lugar donde los ciudadanos pudiéramos exigir explicaciones. Sin embargo, en octubre de 2025 la mayoría del PP rechazó crear una comisión de investigación específica sobre los cribados y también rechazó establecer un fondo de indemnización para las víctimas.

Y quizá lo más doloroso sea que, mientras estas mujeres piden explicaciones por lo que les ha ocurrido, haya jóvenes vinculados al entorno del PP que hayan llegado incluso a señalar a las propias víctimas, como si fueran ellas las responsables y no quienes han tenido que sufrir las consecuencias. Qué pena que algunos sean incapaces de ponerse en su lugar, cuando esas mujeres podrían ser su madre, su tía, su abuela o su hermana. Y entonces quizá aquella pregunta de Ángeles Férriz deje de parecer tan incómoda: "¿Usted no tiene a nadie que se le haya muerto de cáncer?".