La civilización nunca ha sido una conquista definitiva ni un estado natural de las cosas, es una tregua frágil que cada generación debe empeñarse en sostener frente a las tentaciones más oscuras de nuestra especie. Cuando nuestro actual debate público empieza a tolerar la violencia física, cuando se organiza la burla sistemática hacia el dolor ajeno y cuando se intenta dinamitar la solidaridad bajo la coartada del individualismo, no estamos asistiendo a una simple discrepancia partidista. Lo que está asomando en el horizonte es el retorno de la barbarie. Por eso, pienso que este próximo 29 de noviembre, las urnas en España no albergarán una lucha entre siglas o bloques parlamentarios, voy más allá, serán una disyuntiva moral sobre qué clase de sociedad decidimos ser y hasta qué punto estamos dispuestos a normalizar el horror.
La muy mencionada en esta época, Hannah Arendt, lo comprendió al estudiar las ruinas del siglo XX europeo. Ella dejó escrito que la devastación moral jamás comienza en los campos de concentración ni en las ejecuciones masivas, esta arranca mucho antes, cuando la sociedad se acostumbra a despojar a los demás de su condición digna de ser humano. Esa muerte moral se contempla en el momento en que el castigo extremo deja de concebirse como un límite y pasa a ser un espectáculo de poder. Lo estamos presenciando en directo en los Estados Unidos, la administración Trump ha resucitado los pelotones de fusilamiento, llegando al extremo de que el Pentágono plantee retransmitir en directo estas ejecuciones. Es la degradación total de la justicia convertida en un circo televisado. Sin embargo, lejos de escandalizarse, sectores de la derecha y la extrema derecha española aplauden, justifican o miran con admiración casi servil a Trump, importando desde los EEUU ese tufo autoritario. Esto en un país como España, donde la tierra aún guarda la memoria de las tapias en los cementerios, los fusilamientos y las cunetas sin desenterrar, gritar esa retórica carnicera es un ataque directo a la dignidad de los españoles. El artículo 15 de nuestra Constitución, al prohibir la pena de muerte y las penas inhumanas, no fue un capricho, sino un cortafuegos ético levantado por nuestra democracia frente a los peores recuerdos de nuestro pasado.
Sin embargo, para matar al sujeto moral en nuestro siglo no hace falta empuñar un fusil, basta con envilecer el lenguaje y ridiculizar la empatía. En los últimos lustros, hemos asistido a una campaña orquestada donde cualquier acto de compasión se señala con desprecio bajo la etiqueta de "Woke" o de buenismo ingenuo. Han intentado convertir la decencia en motivo de mofa e insulto. Se está ridiculizando y deshumanizando a quienes exigen el fin de las matanzas y el genocidio contra el pueblo palestino entre otros, se criminaliza a las organizaciones que rescatan vidas de morir ahogadas en el Mediterráneo (Vox denuncia a la organización Open Arms, que se dedican a salvar vidas) y, además, se utiliza el ataque personal y la burla a la estética o la forma de vestir de los activistas o representantes públicos. Destruir esa respetabilidad del que sufre o de quien intenta aliviar ese dolor es la preparación, perfecta e indispensable, para que la sociedad acepte que hay vidas que no merecen protección.
Esta barbarie social y cultural camina de la mano, como no puede ser de otra manera, de una barbarie económica igualmente destructiva, es la deserción deliberada de las élites respecto a nuestra sociedad común. El economista, Jeffrey Sachs en El precio de la Civilización, utilizo la advertencia del juez Oliver Wendell Holmes Jr. para recordar que "los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada" Sachs nos expone que las democracias colapsan cuando los más ricos rompen el contrato social, se despreocupan de las necesidades de la sociedad y reducen la capacidad del Estado para garantizar la dignidad de las personas. En España, ese ataque tiene nombres propios. Por un lado, la propuesta fiscal de Vox, que reduce de raíz la progresividad del artículo 31 de la Constitución, que impone un modelo de dos únicos tramos en el IRPF (un 15% hasta 70.000 euros y un 25% a partir de esa cifra) Ese recorte imprudente y salvaje, que supondría reducir en torno el 75% de los ingresos de este tributo a nuestra sociedad, dejaría las arcas públicas con un agujero nunca antes visto. Esto significa firmar el certificado de defunción directa de las pensiones, los hospitales públicos y la igualdad de oportunidades. Por otro lado, debemos ser justos con Vox y también señalar como el Partido Popular allana la senda a la misma barbarie, en las CCAA, donde gobierna el PP, se han bonificado el total del Impuesto sobre el patrimonio (lo que equivale a su derogación) en lugares como Andalucía ha supuesto perdonar millones de euros anuales a apenas un 0,2% de los más ricos, blindando el privilegio de unos pocos mientras la igualdad de oportunidades se deteriora por falta de inversión.
La represión y la barbarie no llegan con un estruendo ni aparecen de la nada, se han deslizado despacio, normalizando primero el desprecio, recortando los instrumentos que nos igualan y han terminado por la persecución final del adversario como "enemigo de la nación". Por eso, el 29 de noviembre los españoles no acudiremos a depositar una simple papeleta en una urna, nos vamos a colocar frente al espejo de la historia. La abstención o la indiferencia serán el caldo de cultivo para quienes añoran la mano dura y violenta del Estado absoluto y la ley de la selva. En nuestras manos está decidir si vamos a permitir la crueldad y el egoísmo de clase destruyan medio siglo de derechos conquistados con tanto dolor, o si convertimos el voto en un acto masivo de autodefensa de la civilización. Cada papeleta puede convertirse en un recordatorio de que no queremos el regreso a los tiempos oscuros de la especie humana, será un sí a la memoria, a la justicia social y al deber, más bonito de todos, de no dejar a nadie atrás frente a la barbarie que vuelve a llamar a nuestra puerta.





