Cuando las mujeres españolas necesitaban permiso para actuar por sí mismas

Durante la dictadura franquista, las mujeres casadas tenían importantes limitaciones legales para actuar de forma autónoma. La licencia marital condicionaba su capacidad jurídica hasta que una reforma de 1975 eliminó buena parte de esas restricciones.

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Desfile de la 'Sección Femenina', ente organizador del Servicio Social Femenino del franquismo
Sofía Felipe
elDiario.es

Durante la dictadura franquista, ser una mujer casada en España podía significar tener que depender legalmente de tu marido para realizar actos que hoy nos parecen completamente normales. La llamada licencia marital limitaba la autonomía de las mujeres y no desapareció hasta una reforma legal de 1975. Pero ¿Cómo funcionaba exactamente y por qué se tardó tanto en cambiar?

Una mujer casada no tenía la misma autonomía que su marido

Cuando pensamos en el franquismo solemos hablar de la dictadura, la censura o la represión política. Sin embargo, hay otra parte de esa época que también merece atención: la vida cotidiana de las mujeres y las limitaciones legales que condicionaban sus decisiones.

El régimen defendía un modelo de familia en el que el hombre ocupaba la posición de autoridad y la mujer debía centrarse, principalmente, en el matrimonio, la maternidad y el hogar. Está visión no se quedó solo en discursos o normas sociales. También se reflejó en las leyes.

Uno de los ejemplos más claros fue la llamada licencia marital. En términos sencillos, consistía en que una mujer casada necesitaba la autorización de su marido para realizar determinados actos jurídicos. Es decir, no siempre podía tomar ciertas decisiones legales por sí misma, aunque fuera adulta.

Puede ser raro leerlo hoy, pero estas restricciones formaban parte del ordenamiento jurídico español durante buena parte de la dictadura.

¿Qué significa esto en la práctica?

La licencia marital afectaba a cuestiones económicas y legales de la vida diaria. La legislación imponía limitaciones a las mujeres casadas en ámbitos como la celebración de contratos, la administración de determinados bienes y la aceptación o renuncia de herencias.

Esto no significa que las mujeres no pudieran hacer absolutamente nada sin permiso de sus maridos. La situación era más compleja y dependía del acto jurídico concreto y de las normas aplicables. Precisamente por eso conviene explicarlo bien, no se trataba de que las mujeres carecieran de toda capacidad legal, sino de que su autonomía estaba restringida por razón de su matrimonio.

La desigualdad también estaba relacionada con la idea de que el marido debía dirigir la familia y que la mujer debía obedecer y apoyarse en él. El matrimonio, por tanto, no era únicamente una relación personal: también tenía consecuencias legales sobre la capacidad de decisión de las mujeres.

El papel de la educación en la sociedad

Las leyes no actuaban solas. Durante el franquismo se promovió un modelo femenino basado en la religión católica, la obediencia, el matrimonio el cuidado de la familia. Instituciones como la Sección Femenina contribuyeron a difundir ese ideal y a preparar a las mujeres para desempeñar los papeles que el régimen consideraba adecuados.

Esto no significa que todas las mujeres vivieran igual ni que todas aceptaran ese modelo. La clase social, el lugar de residencia, las circunstancias familiares y las oportunidades influían mucho en la experiencia de cada una. También hubo mujeres que cuestionaron las normas, defendieron cambios legales y trabajaron para ampliar sus derechos.

Los cambios no llegaron de un día para otro

La situación jurídica de las mujeres no permaneció exactamente igual durante toda la dictadura. Hubo reformas anteriores y con el paso de los años, distintas juristas y asociaciones defendieron cambios más profundos.

Entre las figuras relevantes de esta lucha estuvieron Mercedes Formica y María Telo, que participaron, desde ámbitos diferentes, en el debate sobre la situación legal de las mujeres y la necesidad de reformar las normas que las discriminaban.

Un cambio importante llegó con la Ley 14/1975, de 2 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del estado el día 5 de ese mes. La propia ley reconocía que las mujeres casadas sufrían limitaciones en su capacidad de obrar y eliminó la exigencia de licencia marital en numerosos actos jurídicos. La reforma entró en vigor el 25 de mayo de 1975.

Conviene recordar la fecha: ocurrió antes de la muerte de Franco, en noviembre de ese mismo año. La historia de los derechos de las mujeres no empieza con la transición democrática, aunque la llegada de la democracia abrió una nueva etapa de cambios.

¿Por qué importa recordar esta historia?

A veces se habla del pasado como si las diferencias entre hombres y mujeres fueran únicamente una cuestión de mentalidad o costumbres. Pero este caso demuestra que también estaban escritas en las leyes y afectaban a decisiones concretas de la vida diaria.

La licencia marital es un ejemplo de cómo el Estado podía limitar la autonomía de una persona por su sexo y su estado civil. También recuerda que los derechos que hoy damos por normales son el resultado de cambios legales y personas que cuestionaron lo establecido.

Conocer esta historia no consiste en juzgar cada vida del pasado desde el presente, sino en entender las normas que existían, a quién beneficiaban y a quién perjudicaban. Como defendía Clara Campoamor, «la libertad se aprende ejerciéndola». Y resulta difícil ejercerla cuando la propia ley limita tu capacidad para tomar decisiones.

Porque hubo una época en la que una mujer podía ser adulta, trabajar y tener responsabilidades familiares, pero seguir encontrándose con límites legales que su marido no tenía. Y recordar cómo se llegó hasta ahí ayuda a entender por qué la igualdad ante la ley no es algo que debamos dar por hecho.

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